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nota roja

México feminicida

Los feminicidios no pertenecen a las víctimas (lo suyo es humillación, tortura y asesinato), estos crímenes pertenecen a la sociedad.

Fotos por Carlos Alberto Carbajal.

En el segundo informe de gobierno del presidente de México Enrique Peña Nieto, el 2 de septiembre de este año, no se mencionó la pandemia de feminicidios del país. Ni en el informe ni fuera de él se toman en cuenta cifras. No hay números globales de este tipo de crimen en 2013 ni 2014, y en muchos casos ni siquiera hay cuerpos. Simplemente desaparecen mujeres. Ni siquiera todos los estados tienen tipificado el feminicidio como delito.

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La representante de la ONU-Mujeres en México, Ana Güezmes, advirtió en 2013 al semanario Proceso que, de 1985 a 2010, se han registrado 36 mil 606 asesinatos a mujeres y afirmó que según datos de 2010, al día en México se ejecutan 6.4 feminicidios, la mayoría de los cuales suceden en Chihuahua, Baja California, Sinaloa y el Estado de México. "La relevancia estratégica de la politización de todos los homicidios de mujeres es indudable, pues resultan de un sistema en el cual poder y masculinidad son sinónimos e impregnan el ambiente social de misoginia: odio y desprecio por el cuerpo femenino y por los atributos asociados a la feminidad", afirma la antropóloga Rita Laura Segato en ¿Qué es feminicidio? Notas para un debate emergente.

En este número no podíamos darle la espalda a uno de los crímenes más graves y menos atendidos de México. Así que traemos testimonios de familiares de víctimas de feminicidio en tres estados del país: Guerrero, Estado de México y Chihuahua. Estos no son los únicos casos, pero nos ayudan a atisbar las lagunas legales, culturales y judiciales que permiten este acto de brutalidad en el país.

GUERRERO
Por Marisol Wences Mina

Franceri baja del cerro con la cara inflamada, en partes morada, verde y azul, llena de sangre. Tiene que cuidar sus pasos para no caer porque lleva prisa, sortea piedras pequeñas y usa las grandes como escalones. Arriba, en su casa construida casi en la punta de un cerro, yacen cuatro cuerpos baleados y ensangrentados en el piso de tierra, resguardados por las paredes de cartón y plástico. Muchos vecinos escucharon los balazos pero nadie se asomó, nadie acudió en auxilio; por eso ella baja casi corriendo con las manos embarradas de sangre. Se detiene en la primera casa y grita: "¡Auxilio, tía!, ¡ayúdenme! Mataron a mi mamá, a mi abuelita, a Omayra, a Rosita". La tranquilidad en la colonia Paso Limonero, en el puerto de Acapulco, quedó trastocada. Franceri Solís Nava es una niña de nueve años y mataron a todas las mujeres de su familia; las mató la ex pareja de su madre.

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No es Chihuahua, pero también son las muertas de Juárez, las de Acapulco de Juárez, Guerrero. Pienso eso mientras escucho el testimonio de una de las tías de la niña que narra cómo salió corriendo al escuchar los gritos de la pequeña y reconstruye el camino de Franceri hasta su casa. Según la asociación civil mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, los tres últimos años el puerto se ha colocado entre las tres ciudades más violentas del mundo, con una tasa de 113 homicidios por cada cien mil habitantes en 2013, por ejemplo.

De enero a junio de este año el Observatorio Hannah Arendt del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano lleva contabilizados 46 feminicidios en todo Guerrero, pero se calcula que el número se elevará a más de sesenta en ese periodo al contrastar datos de varios medios impresos, indicó Marisol Alcocer Perulero, investigadora del Observatorio y perita de equidad de género y feminicidio en el Tribunal Superior de Justicia estatal. Si la tendencia continua así, se podría hablar de más de 120 feminicidios al terminar 2014.

Si hablamos de asesinatos de mujeres, entre 1985 y 2009 el estado de Guerrero ha estado cinco veces en primer lugar por encima del paradigmático estado de Chihuahua (1987, 1998, 1999, 2006 y 2007) y salvo en tres ocasiones, no ha salido de los primeros cinco lugares, según datos de ONU-Mujeres e Inmujeres.

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A partir de 2010 se registró en Guerrero un aumento sostenido en la violencia feminicida. Información del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la cámara de diputados consigna que, a su vez, en Chihuahua las tasas han bajado en ese mismo lapso de tiempo, lo cual significó que para 2012 la tasa de asesinatos de mujeres en ambos estados fuera de bastante similar: Chihuahua 14.8 y Guerrero 13.2 por cada cien mil habitantes. Cifras alarmantes si se considera que 4.6 es el promedio nacional.

El 24 de marzo de 2014 asesinaron a la madre, la abuela, la tía y la hermana de Franceri: Zahira Yasmín Nava Blanco, de 25 años; Martha Patricia Nava Blanco, de 42 años; Osmayra Gutiérrez Nava, de 19 años, y Rosa Isela Solís Nava, de siete años, respectivamente. El día que fui junto con mi compañero fotógrafo a Paso Limonero a averiguar qué había ocurrido estaba lloviendo. La colonia está casi a la orilla de la ciudad. Para llegar hasta la casita donde vivían las mujeres tuvimos que trepar entre piedras; la lluvia se soltó con más fuerza. Ese camino tortuoso lo recorrían varias veces al día las mujeres asesinadas.

Queríamos entrevistar a la pareja de la abuela de Franceri y cuando llegamos a la casita de plástico y cartón vimos un foco encendido. Pero no había nadie, la casa fue abandonada y nadie apagó la luz. En el piso de tierra aún se veían las manchas de sangre, las veladoras tiradas.

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Carlos, mi compañero fotógrafo, señala hacia un punto y me dice: "Allí quedó tirado un cuerpo". Veo también frascos de perfume, lápices labiales, cepillos, zapatos de niña. En una de las paredes de madera hay un par de zapatillas colgadas. La lluvia sigue y se siente una profunda tristeza impregnada en el aire, en el patio el esqueleto de un pato es prueba del abandono de semanas.

Franceri ha vivido a su corta edad varias tragedias: su padre está preso como presunto culpable del delito de violación en agravio del hermano de su esposa. Su madre, Zahira Yasmín, encontró otra pareja con quien tuvo dos hijos. Este hombre —según el testimonio de una hermana del padre de Franceri que pidió el anonimato— abusaba sexualmente de la niña y de su hermana ahora muerta: "Yo la grabé, la niña me lo contó, pero su mamá me dijo que cómo le iba a creer a una niña", nos dijo.

Vecinos y familiares en el sepelio de Zahira Yasmín Nava Blanco, Osmayra Patricia Gutiérrez Nava, Martha Patricia Nava Blanco y Rosa Aidé asesinadas en la colonia Paso Limonero de Acapulco, Guerrero.

Entre los habitantes de la colonia se murmura que Zahira y su hermana Osmayra eran meseras en un bar y que venían cada tercer día a Acapulco, pues trabajaban en pueblos de la Costa Grande. El estigma y el prejuicio campean.

Para la coordinadora del Observatorio Hannah Arendt yasesora en México de ONU Mujeres, Rosa Icela Ojeda Rivera es más que lamentable que Guerrero siga ubicándose siempre en los primeros lugares en asesinatos de mujeres. La académica no escatima en reconocer los avances que en legislación y políticas hay en la entidad —el estado fue el primero en contemplar el feminicidio como delito y el primero en crear una Secretaría de la Mujer—, pero sí cuestiona que persiste el machismo, la marginación, la dominación y "una violencia exacerbada".

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Académicas y feministas como Marcela Lagarde diferencian el asesinato de mujeres del feminicidio. Y así lo reconoce el código guerrerense; según el artículo 135 del recién aprobado Código Penal que entra en vigor el 30 de septiembre, comete el delito de feminicidio "quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando ocurra cualquiera de los supuestos siguientes: la víctima presente señales de violencia sexual de cualquier tipo; a la víctima se le hayan ocasionado lesiones o mutilaciones denigrantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, así como actos de necrofilia; existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, cometido en el ámbito familiar, laboral o escolar, cometido por el sujeto activo en contra de la víctima; existan datos o referencias que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de familia, sentimental, afectiva o de confianza; el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado o exhibido en un lugar público, con el objeto de denigrarla, debido a su calidad de mujer; la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo, previo a la privación de la vida". A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de veinte a sesenta años de prisión. El código anterior establecía penas de treinta a cincuenta años; si bien la pena máxima subió, el mínimo disminuyó.

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Sin embargo, Ojeda comentó en entrevista para VICE que habría que verificar caso por caso los asesinatos de mujeres para ver cuáles serían feminicidios como lo establece el código.

Las estadísticas muestran que es más frecuente el asesinato de hombres que el de mujeres, sin embargo la gravedad radica no sólo en el número sino en la forma en la que las mujeres son asesinadas: "En las mujeres es más frecuente el uso de medios más brutales para asesinarlas: ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión en 18 por ciento de los casos, tres veces más que en los hombres; objetos cortantes en 14.2 por ciento; objetos romos o sin filo 1.4 por ciento. La proporción de mujeres envenenadas o quemadas triplica a la de los varones (2.7 por ciento y 0.9 por ciento respectivamente). Cabe destacar que en casi 17 por ciento de los casos no hay información sobre el medio utilizado para el asesinato", se puntualiza en el informe de ONU-Mujeres e Inmujeres.

Rosa Icela Ojeda Rivera, investigadora especialista en feminismo y políticas de igualdad en entrevista.

Un dato más: los hombres asesinan a los hombres y son quienes asesinan también a las mujeres en la mayoría de los casos.

Franceri, dice una de sus tías paternas, tiene miedo de que el asesino regrese. Al momento de realizar la entrevista la niña estaba bajo custodia del DIF en Acapulco. La familia de su padre preso vive al pie del cerro donde se encuentra la casita donde mataron a las cuatro mujeres. Ellos pidieron dinero a los vecinos para poder comprar las cajas para sepultarlas y reprochan que ni el marido de la abuela fallecida, ni el joven tío pregunten por la niña que sobrevivió.

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—La niña no está aquí, está en el DIF —dice una de las tías—, lo que queremos es que se haga justicia porque dicen que ella no tiene familia. ¡Cómo carajo no! Tiene aquí a su abuela, a nosotros; el papá, pues está en la cárcel.

—¿Las conocías bien? —le pregunto.

—Con Martha, la abuelita de la niña, trabajamos juntas, pero luego dejó de trabajar porque Zahira se dejó con su otra pareja, la que la mató. Ella metió a la cárcel a mi hermano. Ella hizo muchas cosas.

—¿En qué trabajaba?

—Ella era mesera, trabajaba en varios lugares y no estaba establecida. Se iba fuera de Acapulco, a Atoyac, otros lugares. Venía por ejemplo los lunes y se iba el miércoles en la noche.

—Me decían que el día del asesinato Osmayra y Zahira venían de la playa…

—Ella me mandó un mensaje en Facebook que me decía: "Mira, mana, cómo me veo". Estaba con su traje de baño. Yo lo único que le comenté fue: "Mira, mana, te verías bien con tus hijos a tu lado, dos y dos". Luego como a las cuatro me quedé dormida, y ya luego como a las seis escuché los plomazos. Mi esposo me dijo: "No te preocupes, aquí estamos bien con los niños". Luego una muchacha de allá arriba, cerca de la casa de ellas, le habló a su esposo que subieran por ella. Una perra empezó a ladrar, como que quería hablar esa perra. Le dije a mi marido: "Algo pasó".

El interior de la humilde casa en Acapulco, Guerrero, donde fueron asesinadas Zahira Yasmín Nava Blanco, de 25 años; Osmayra Patricia Gutiérrez Nava, de 20; Martha Patricia Nava Blanco, de 40, y Rosa Aidé, de siete años; la niña Franceri, de nueve años, quedó herida.

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Días antes el asesino —nadie se acordó o quiso dar su nombre— fue a la casa de su ex mujer y se llevó a los dos hijos varones que procrearon. Dice la testigo que quizá fue un lunes. A la siguiente semana regresó a matar a las mujeres: "Aseguró primero a sus hijos, se los llevó y luego vino a matar a los hijos de mi hermano".

—¿Tú platicabas con tu ex cuñada Zahira, qué te decía? —insisto.

—Que él quería regresar con ella, pero Zahira me decía que no lo iba a perdonar. Yo le preguntaba por qué, le decía: "Perdónalo, es papá de tus hijos, ya que no fuiste feliz con mi hermano aunque sea con él". Pero me comentaba: "Es que no trabaja, me pega, cuando tenemos hambre no nos da de comer, también a mis hijas les hace el feo". Tenían unos tres o cuatro meses separados.

—¿Cómo eran esas agresiones a las niñas?

—Me decían las niñas muchas cosas. Es feo y triste recordar.

—¿Les pegaba?

—[Asiente] pero las agredía no nada más de pegarles, sino físicamente.

—¿Abusaba de ellas?

—Sí, yo le dije a Osmayra, y ella le dijo a la mamá de las niñas. Yo la grabé [a Franceri] con mi celular y se lo enseñé a una licenciada.

—¿Y Zahira qué dijo?

—Ella decía que no se le puede creer a una niña de seis años, fue cuando iba en primero de primaria, eso dijo su mamá. Yo estaba haciendo un juicio para quitarle a las niñas, pero ya no se dio.

En el DIF a la familia paterna de la niña se le ha dicho que no pueden cederle la custodia en tanto no termine el proceso abierto por el asesinato de la madre. Sin embargo, el tío de la pequeña afirmó que la investigación no ha avanzado: "No han venido más a preguntar, al contrario, nos investigaron a nosotros. También nos dijeron que por seguridad no podíamos tener a la niña aquí".

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Un cuerpo de una mujer asesinada es encontrado enterrado el 17 de abril en una fosa clandestina en la colonia Ampliación Jacarandas en la zona rural de Acapulco, Guerrero.

La proyección que hacen las investigadoras del Observatorio es más que creíble, los casos van escalando no sólo en número sino en saña: hace unos meses en Zihuatanejo fue secuestrada Eleyda Yuritzi Carmona Márquez, una niña de diez años a quien asfixiaron después de agredirla sexualmente. El caso llevó a la movilización de padres de familia, ciudadanos, organizaciones sociales y grupos feministas.

Los registros del Observatorio dicen a que a partir de 2005 hubo un repunte en la violencia feminicida, informó Ojeda Rivera y no descartó que entre las causas de ese aumento está la violencia por crimen organizado.

—¿Cuál es la situación para las mujeres en Guerrero?

—En 2005 hubo alternancia, una persona postulada por el PRD llegó al poder y es a partir de este año que en los registros que tenemos hay un incremento numérico en los asesinatos de mujeres. ¿Qué pasa con este gobierno de izquierda? Tenemos el dato pero no la explicación; seguramente con la alternancia empieza la actuación de bandas y grupos organizados que tiene que ver con la delincuencia, esto hace que se incremente el pico de la violencia: no sólo aumenta en número sino en términos de crueldad. Muchas mujeres pasan a ser víctimas de estos grupos y en muchos casos que hemos podido constatar el esposo se involucra en actividades delictivas y cuando ve el riesgo se va, se queda la mujer y ella es secuestrada, desaparecida. A veces aparecen pero en muchos casos no regresan. Se sospecha que ellas son asesinadas después de ser torturadas.

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Una de las causas de mayor peso está en la ruptura del estado de derecho, subrayó la también catedrática del Instituto de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, y es que con la alternancia en el poder ejecutivo en el año 2000 "llegó al poder un partido de ideología conservadora; esto coincide con la actuación de bandas de delincuencia organizada. Hubo una ruptura del estado de derecho en México. No me atrevería a decir que hay estado fallido pero sí hoyos y boquetes donde el estado de derecho no impera".

La actuación de estas bandas —abundó la investigadora—, incide en la existencia de la "violencia iniciática", con la cual "estos grupos van actuando e iniciando a los nuevos

miembros y las mujeres pueden ser parte de esa prueba como trofeos —como dice la investigadora Celia Amorós— parte de esos pactos de sangre".

Sin embargo también se ha detectado el fenómeno de imitación, aunque hace falta documentarlo: "Me da la impresión de que las parejas o asesinos de estas víctimas también han querido encubrir el delito e imitar como si fueran bandas organizadas y eso ha hecho que se incremente la crueldad".

La ruptura del estado de derecho —sentenció Rosa Icela Ojeda— además fomenta la impunidad porque "si no la hubiera habría una investigación y castigo. Tenemos un gran índice de impunidad: un máximo de treinta por ciento de los casos [de feminicidios en Guerrero] son medio investigados y diez por ciento llegan a sentencia. Tenemos de setenta a ochenta por ciento de impunidad en el caso de los asesinatos de mujeres".

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Más allá de las cifras, hay todo un sistema cultural que legitima la violencia feminicida, según Ojeda: "Las mujeres en la cultura guerrerense estamos concebidas como propiedad de los varones, padres, hermanos, primos, novio, esposo, amante, concubino. Hay actividades que no podemos realizar porque si las realizamos parecen como una trasgresión, hay una parte de la cultura que legitima que exista un castigo para quien se sale de los parámetros".

Ése fue el caso de Patricia, una mujer que después de separarse de su esposo logró independencia financiera. Ganar su independencia le costó la muerte. Patricia se atrevió a romper con la inercia de su pasado como ama de casa y comenzó a trabajar, se arregló el cabello, se hizo un permanente y en el salón de belleza le hicieron manicura y le colocaron uñas postizas.

En la mente de su asesino al parecer se gestó una idea: había que escarmentarla por haber transgredido, por haber dejado a su marido y ser una mujer independiente. El mensaje fue claro: a Patricia le cortaron la cabeza y las manos. La cabeza la tiraron por un lado, las manos por otro y el resto del cuerpo lo encontraron aparte. El nivel de crueldad a veces escapa a la imaginación.

Marisol Alcocer ponderó el caso de una niña de 13 años, asesinada por su ex pareja en Chilpancingo el año pasado. La joven decidió cortar su relación con el padre de su hija y éste la mató porque expresó que "Si no era de él entonces de nadie más". El hombre la mató frente a la madre de ella y luego se suicidó. La hija de ambos, de un año, quedó huérfana.

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Aunque los casos se dan en todos los estratos socioeconómicos, y basta como ejemplo el feminicidio de una doctora en el fraccionamiento Hornos Insurgentes, de Acapulco, a manos de su esposo (también médico), Alcocer, maestra especialista en temas de género por el Colegio de la Frontera Norte, subraya que la mayor parte de las víctimas son mujeres precarias, es decir, mujeres en situación de pobreza, amas de casa o con ocupaciones estigmatizantes como meseras, bailarinas, sexoservidoras, o con otras circunstancias que las ponen en una situación de vulnerabilidad.

Las mujeres víctimas de violencia feminicida son revictimizadas con estos prejuicios y estigmas y los medios de comunicación tienen mucho que ver en ello, sentencian las especialistas:

"Los medios han jugado un papel dual: por una parte nos informan de los números de asesinatos, nos ponen frente a la realidad; pero por otro lado, sobre todo la prensa escrita, legitiman la violencia contra las mujeres. Muchas veces la cabeza de la nota va a decir 'crimen pasional' o usará un término que no mueve solidaridad sino una especie de acusación de que la mujer pudo hacer una actividad por la que fue castigada. Ya no es una persona o ser humano que por razón de necesidad o economía o falta de oportunidad trabaja en lo que puede trabajar, sino gente que se le denigra o estigmatiza", acusa Ojeda Rivera.

Una consecuencia grave, añadió, es que la autoridad puede dejarse influenciar por eso y sentir menos presión social para que se haga la investigación. "Esto contribuye a que se genere una especie de naturalización de la violencia, lo que no podemos aceptar. —Está roto el estado de derecho y el tejido social. El tejido social está lastimado, temeroso y nadie quiere decir nada: ni las hijas o la madre. Te lo cuentan pero en privado, pero no desean hacerlo público. Creo que esta información que recibimos en privado, si la recibiera la autoridad sería un caso menos de impunidad. Los familiares o amigas dan pistas, tiene un pulso, nos dicen: lo veíamos venir."

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Otro factor que no abona de forma positiva a la justicia para las víctimas es la falta de cooperación de las autoridades al momento de dar información acerca del feminicidio. "En 2006 tuvimos puertas abiertas pero de pronto hubo años donde era difícil hacer la labor de investigación", expresó la investigadora y señaló que "lo viable será ampararnos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) sugiere acercamiento con las procuradurías para la obtención de datos porque ellos no los tienen, pero la relación [con la Procuraduría] ha sido un estira y afloja, a veces hay trabas burocráticas", sentenció por su parte Marisol Alcocer.

Ante este panorama desolador es inevitable preguntarse ¿qué se puede hacer?

—¿Cuándo va a parar? —le pregunto a Rosa Icela Ojeda.

—Va a parar cuando no haya impunidad, cuando la investigación sea sin prejuicios, cuando no se minimice por sus preferencias de la mujer, por su origen, por cuestiones culturales, religiosas, laborales, por presuntos nexos con grupos delictivos. Nada justifica el asesinato de nadie, menos el de una mujer y de una niña.

Y entonces también es inevitable hablar del recurso de la alerta de género, esa herramienta temida por los gobernadores como Eruviel Ávila, del Estado de México, que dice que no es necesaria.

En 2006 y luego en 2012, ya con Ángel Aguirre Rivero como gobernador de Guerrero, se pidió que se decretara la alerta de género, pero al momento no ha sido posible. Entonces Amalia Tornez Talavera, presidenta de la Red de Mujeres por la Defensa de las Instituciones, señaló que el gobierno temía que se decretara la alerta porque "eso es encender un foco rojo y decir que no hay gobernabilidad", según el diario Novedades de Acapulco.

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"En Guerrero ha habido unos momentos álgidos y la planteamos [la alerta de género]" —aseguró en entrevista Ojeda— y ponderó que Guerrero es un lugar que recibe una cantidad importante de recursos para turismo y que no hablar de la alerta era para proteger la actividad. Pero la alerta es una medida que ayuda a los gobernadores porque provee recursos para la protección, para la investigación. Es una medida preventiva, no sancionadora ni estigmatizante.

—¿Es necesaria la alerta? —le pregunto.

—Es absolutamente necesaria. Inmediatamente habría que integrar y documentar la alerta, tenemos suficientes elementos. No es un capricho, no es que alguien quiera perjudicar al gobierno o señalar al gobierno, sino obtener estos recursos que ayudarán a que se sienta un mayor clima de garantía de seguridad a las mujeres. Hay que crear un clima de garantía, que no se sienta que somos un objeto y que no le importa a nadie. No es cierto que sólo las mujeres que supuestamente se vincularon a actividades raras o que cometieron algún error pueden padecer esto, sino que en este ambiente cualquier mujer puede ser víctima de ejercicio de la violencia, tanto en el medio urbano o rural.

El 23 de marzo de 2014 Zahira Yasmín posteó en su perfil de Facebook "Vámonos de fiesta a celebrar el dolor". El 24 al medio día colgó allí mismo unas fotos que se tomó en la playa y por la tarde su ex pareja la asesinó. Vuelvo a repasar mentalmente esa historia y quisiera imaginar un final feliz para Franceri, que quizás las terapias le ayuden a superar el trauma de perder a su familia, que se borraran las marcas dolorosas de su cuerpo, mente, alma; que creciera en un ambiente amoroso como deberían crecer todos los niños, que se convirtiera en una mujer libre. Es inevitable sentir la tristeza y el sentimiento de rabia e impotencia, todo revuelto.

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Lo que es cierto es que no hay claridad en su futuro. Al momento de escribir estas últimas líneas Franceri sigue bajo custodia del DIF, pero la institución no ofrece más detalles por seguridad de la niña. El Ministerio Público sigue con la averiguación, pero al tratar de conocer más detalles a través de la familia paterna la respuesta del tío es simplemente: "Con todo respeto le digo que no sé nada, y pos la verdad eso sigue sin solución". Maldita, maldita impunidad.

ESTADO DE MÉXICO
Por Rafael Castillo

El 14 de junio de 2011, el cadáver de una mujer fue hallado atado a una tapa de alcantarilla en el fondo del Río de los Remedios, en el municipio de Tonanintla, Estado de México. Los Servicios Forenses del Estado de México lo caracterizaron como el de una mujer de cuarenta años. Sin un rostro reconocible o alguien a quien entregarlo, fue enterrado en la fosa común. Ahí pasó dos años hasta que le fue asignada la identidad que supuestamente perdió durante su estancia en el río: tendría 15 años cuando murió, su nombre sería Abril y se convertiría en la hija desaparecida de Isela Rodríguez.

Isela recibió estos restos el 25 de mayo de 2013 convencida de que esto era un abuso más en el caso de la desaparición de su hija.

Abril desapareció el 16 de mayo de 2011 en Ojo de Agua, municipio de Tonanintla, Estado de México. Había salido a sacar copias. Los padres la buscaron durante horas hasta que anocheció. Volvieron al fraccionamiento en el que vivían. Ahí, el vigilante les dijo que no se preocuparan, que su hija había regresado en el interior de un Pointer negro sin placas. Pero ella no estaba en casa. El vigilante, testigo, se ofreció a declarar ante las autoridades y señaló la dirección a la que pertenecía el vehículo.

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Entonces Isela hizo una denuncia y entregó la dirección sospechosa a la Procuraduría para que investigaran. Ella sostiene que la policía siempre negó que la dirección existiera, y el vigilante, en su declaración, dijo que jamás fue testigo de que Abril llegara en un Pointer negro sin placas. Que no, que nunca dijo nada.

"Yo me di cuenta que la dirección sí existía. Fui a la casa [del dueño del Pointer], su mamá, y su esposa también me dijo que [él] era un policía estatal", explicó Isela, convencida de que esta persona es la responsable de la desaparición de Abril. "Yo digo que no, que el vigilante sí vio a mi hija en ese Pointer negro. Cuando yo le volví a preguntar al vigilante, él estaba golpeado. Lo habían golpeado, me imagino para que no dijera la verdad".

Pasaron dos años en instancias judiciales del Estado de México sin respuestas y sin una investigación que convenciera a Isela. Luego vinieron la PGR y su Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra la Trata de Mujeres y de Personas (Fevimtra).

Fue por estas fechas en que le entregaron el cadáver de quien —Isela afirma— no es su hija.

"Dijeron que era una persona de cuarenta años, y que el ADN correspondía en 99 por ciento, ¡pero si se equivocan en la edad!", dijo la señora Isela. "Nunca vi pruebas".

¿Por qué cree que eligieron este cuerpo para hacer pruebas?, le pregunté. "Desconozco. Es un lugar cercano al de la desaparición de Abril".

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Después de un año de quejas constantes ante la PGR para obtener un documento que avale la prueba genética, los restos fueron exhumados nuevamente en junio de 2014 para ser analizados y esperar un dictamen con el que se intenten satisfacer las dudas de Isela y de su esposo.

Hace tres meses que pedí entrevistar a cualquier funcionario del Servicio Médico Forense o de la Procuraduría del Estado de México para conocer la eficiencia del programa de búsqueda de personas desaparecidas entre los cuerpos olvidados del servicio forense. Este programa se llama Odisea, (nombre que resulta por demás desesperanzador tomando en cuenta que una de las acepciones del término se refiere a: "Sucesión de peripecias, por lo general desagradables, que le ocurren a alguien").

Odisea dejará de existir al inicio de 2015, para entonces unificar los procedimientos y bases de datos con los estados vecinos de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y DF, con ayuda de la PGR, según informó la Procuraduría en Toluca. Fue ahí también donde me dijeron que no podía entrevistar a nadie sobre el funcionamiento de Odisea, "por seguridad", y porque "¿quién hablaría de un programa que de todos modos van a cambiar?" Mientras tanto en el informe preparado sobre el buen funcionamiento del sistema, explicaron que ya habían identificado trescientos cuerpos (hombres y mujeres), entre enero y julio de 2014 a través de este sistema. El sistema de cruces de información entre los 38 servicios forenses del Estado de México y Odisea, sin embargo, es incapaz de relacionar género, causa del deceso, hallazgo por colonia o municipio. Así lo demostró la respuesta de la misma Procuraduría cuando le pedí estos datos.

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"La información relativa a los cadáveres que ingresan al Servicio Médico Forense registra en el libro de gobierno de cada unidad administrativa del Servicio Médico Forense, por lo que nos veríamos obligados a procesar la información requerida en cada una de ellas para dar contestación a su requerimiento", respondió la Unidad de Información de la PGJ del Estado.

La ley respalda esta respuesta, pero el sistema no existe.

En agosto pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación a la Procuraduría por dejar que el cuerpo de un menor pasara 180 días en el servicio forense de Tenancingo sin ser identificado. La Procuraduría no relacionó el secuestro de un adolescente con el hallazgo de un cuerpo en días consecutivos sino hasta que los homicidas confesaron.

El Observatorio Nacional del Feminicidio (ONCF), una red de organizaciones locales en México agrupadas bajo la coordinación de Católicas por el Derecho a Decidir, cree que la esperanza para tener certeza es menor si se trata del cuerpo de una mujer. Su postura es que el gobierno del Estado de México ha ocultado sistemáticamente las cifras reales de los feminicidios.

"Hay un problema de identificación de mujeres. No se sabe ni cómo está funcionando [la identificación de cuerpos]", me dijo en entrevista la directora del Observatorio, María de la Luz Estrada, quien sostiene que el problema con los registros es en realidad un problema de transparencia. "El año pasado se asesinaron a 1,932 personas en el Estado de México. Hoy no sabemos cuántos de esos son mujeres y cuántos son hombres", continuó.

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Por lo menos sabemos que quienes conforman estas cifras están muertos. En los años más recientes sobre los que hay estadísticas claras, 2011 y 2012, desaparecieron 1,258 mujeres en el Estado de México. En sólo dos años, los números representan la mitad de las mujeres muertas por agresiones en la década de 2001-2011 en el mismo estado. En ese periodo fueron asesinadas 3,583 mujeres, según las cifras expuestas en Las muertas del Estado, del periodista Humberto Padgett.

Lo terrible de las primeras cifras de las mujeres desaparecidas, como en el caso de Abril, es que no se sabe si ya están muertas o si son esclavas sexuales de alguno de tantos circuitos existentes en México y el mundo.

"Yo creo que está viva", dijo Isela. No quise preguntarle qué cree que le sucedió. Con los años que pasan se han añadido condiciones con las que se le dificulta seguir de cerca el caso de su hija. No le es posible hacer visible su caso porque mantenerse cerca de las organizaciones le requiere tiempo y dinero de los cuales no dispone.

"Ya sentíamos que nos vigilaban", explicó Isela. "A mi esposo lo asaltaron a los 15 días de desaparecida mi hija. Luego en 2013 le robaron la camioneta ahí en el fraccionamiento. Le salieron dos tipos con pistola y le quitaron la camioneta".

Y así, decidieron que era mejor escapar de ese lugar mientras las autoridades dan una respuesta sobre el cuerpo encontrado en junio de 2011. Este cuerpo se suma a una lista de por lo menos otra decena de cadáveres de mujeres encontrados en mayo pasado, en el cauce del Río de los Remedios durante un dragado general. Las autoridades aún no han ofrecido información sobre el tema. Hasta ahora esta información la han confirmado tres personas: el activista y también partidario del PRD, David Mancera —mismo que acusó hoy al gobierno de Eruviel Ávila, de esconder supuesto el hallazgo de entre 21 y 43 cuerpos hallados en el río— el reportero gráfico Iván Montaño y Carolina (me pidió no publicar su nombre real por temor a represalias), madre de una niña desaparecida.

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Carolina me dijo que no podía ofrecer pruebas, aunque conocía a quien sí las tenía.

"Nos enteramos porque en este círculo siempre te enteras de muchas cosas", dijo Carolina la primera vez que hablé con ella por teléfono para que me ayudara a confirmar el hallazgo. "Voy a hablar con otra persona que estuvo ahí, pero si ellos [las autoridades] no lo han dicho, es porque se esperan hasta tener respuestas. Tenemos que ser prudentes en lo que decimos. Sí, dar a conocer, pero también cuidar nuestros casos. Hay cosas que no se pueden decir".

Interior de la casa de Franceri.

CHIHUAHUA
Por Luis Chaparro

Pienso que si ella viajó con vida desde el centro de Ciudad Juárez hasta San Agustín, ese poblado en medio del Valle de Juárez —el Valle de la Muerte, lo llaman— pudo ver a los fantasmas de las otras. Todas las que fueron igual a buscar trabajo y que de alguna u otra manera llegaron hasta aquel valle al este de la ciudad para morir o ya muertas. Puede que ella incluso haya visto a las demás caminando por entre los afiches amarillentos de las desaparecidas de hace muchos años, o por entre los que aún huelen a pegamento. Pero es imposible incluso ahora, a cinco años de aquel día helado de enero cuando caminó por el centro, saber si logró ver algo o la muerte le cerró los ojos ya durante una hora de camino al Valle.

La mayoría de los afiches están pegados en el centro. Antes sólo eran pesquisas raquíticas con una fotografía de una niña, como ella, como Adriana: Adriana Sarmiento, 15 años, 18 de enero de 2008, y un número de contacto de su familia: (656) XXX-XXX Ernestina Enríquez, su madre. Están ahí porque desde la década de 1990 las niñas "desaparecen" en esa zona donde miles de hombros topan con otros miles, donde uno se encuentra de todo.

Pero desde finales de 2007 el problema de las "desaparecidas de Juárez" que luego fue el de las "muertas de Juárez" se volvió más complejo. Las madres de las víctimas pidieron que no fuera sólo el delito de desaparición forzada o de asesinato, sino que se llamara con todas sus letras: feminicidio. El exterminio sistemático de mujeres por razón de género. Y como pocas veces el gobierno cedió. Los afiches también cambiaron y ahora ya ni si quiera podían incluir el número de un familiar por miedo a las amenazas o a los intentos de extorsión. Ahora están acompañados de una campaña que también busca borrar el término "desaparecidas", como si se las llevara el viento o se las tragara la tierra, por "secuestradas", que al final está la certeza de que así es.

Con todo lo anterior quiero decir que los feminicidios, a diferencia de lo que se puede llegar a creer, no se detuvieron en la década de 1990, cuando se hicieron películas y documentales sobre los crímenes. De hecho, a finales de 2007, justo cuando comenzaba la cruenta guerra entre cárteles de la droga en Ciudad Juárez, este delito se volvió más feroz y es aún hora de que no acaba.

El Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez ha llevado un registro minucioso paralelo al conteo de las autoridades estatales y federales y ha encontrado que de 1993 a 2007 el promedio de asesinatos por año en Chihuahua era de 33.4, éste aumentó a 187 por año de 2008 a 2012, lo que representa un incremento de 560 por ciento en el número de delitos registrados en décadas anteriores.

Es decir, en 14 años, de 1993 a 2007, se registraron 501 homicidios de mujeres, pero de 2008 a abril de 2013, en sólo seis años, la cifra ascendió a 940 casos en el estado. Esto se encuentra citado en el reporte "Comportamiento espacial y temporal de tres casos paradigmáticos de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, México: el feminicidio, el homicidio y la desaparición forzada de niñas y mujeres (1993-2013)".

Las mujeres víctimas de violencia feminicida son revictimizadas con estos prejuicios y estigmas y los medios de comunicación tienen mucho que ver en ello.

Cuando pienso en Adriana, Javier Juárez, un periodista investigador quien ha dado un seguimiento de cerca a las familias, y ha sido correteado por "hombres desconocidos" en el mismo centro de Ciudad Juárez mientras investigaba, me cuenta por qué es poco probable que la adolescente haya visto el camino del centro al Valle.

"Lo más seguro es que Adriana fuera asesinada ese mismo día, no sabemos si en el mismo lugar donde fue secuestrada o en donde fue encontrada, aunque lo último es lo menos probable", lo escucho al otro lado de la línea desde España, su lugar de residencia.

El cuerpo de Adriana estuvo guardado tres años. La periodista Guadalupe Lizárraga me explica tras la entrevista con Javier que encontraron documentos, autopsias y actas de defunción, de que Adriana fue encontrada a los pocos meses de ser reportada desaparecida en el poblado de San Agustín, frente a un retén militar permanente, "aún con la misma ropa que llevaba cuando desapareció".

Aun así y sólo ante la presión de Lizárraga y del sitio LosAngelesPress.com, la Fiscalía de Chihuahua entregó a su madre los restos de Adriana hasta la última semana de noviembre de 2011.

Ahí, en las mismas cajas donde tenían los pocos y deteriorados restos de Adriana, Javier sospecha que hay aún unos ochenta cuerpos de niñas reportadas ausentes desde 2008. Esto lo dice en base a los documentos que ha visto y a las fuentes con quien habla y quienes, la gran mayoría, han huido ya de Ciudad Juárez. Hasta ahora la Fiscalía tiene un registro de 180 "mujeres desaparecidas" de 2008 a la fecha. Desde 2011, luego de entregar el cuerpo de Adriana y de ofrecer disculpas por el engaño, han entregado unos cincuenta cuerpos más de adolescentes que mantenían guardados en la morgue de Ciudad Juárez.

Aunque bien podría haber más, según cree el mismo Javier: "He encontrado que si las desapariciones u homicidios son investigados por el gobierno federal, no aparecen en los registros de la Fiscalía de Chihuahua y viceversa. Y además, yo tengo algunos reportes de niñas desaparecidas de quienes estoy dando seguimiento y no aparecen en ninguna parte, ni en desaparecidas ni asesinadas".

Ahora, mientras camino por la Avenida Juárez, en el centro de la ciudad que lleva el nombre del primer presidente mexicano en portar la misma piel morena de la mayoría de las mujeres víctimas del feminicidio, pienso que al final Adriana sí se encontró con el fantasma de las otras. Sobre el hirviente metal de una caseta telefónica está la fotografía de una adolescente desaparecida sobre la misma avenida. Tiene 17 años y el afiche está manchado con catsup o sangre, no puedo distinguir. Y cuando escarbo para ver lo que hay detrás me encuentro con una fotografía de Adriana, de un afiche pegado en 2009, mientras su madre aún la buscaba en estas mismas calles, siguiendo pistas vacías. Sus rostros están empalmados, así como sus restos en la morgue de Ciudad Juárez y sus nombres entre las miles de mujeres asesinadas por este México feminicida.